Desplazados: profesora Tec reflexiona sobre la crisis de refugiados

Con motivo del 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la doctora Maricarmen Peloche, participó en el panel Conflictos, Migraciones y Cambio Climático, en el cuál se analizaron los desafíos actuales relacionados con la movilidad humana y los efectos del entorno ambiental sobre las comunidades. 

Peloche, profesora de Relaciones Internacionales en el Tec campus Puebla habló específicamente sobre la crisis de refugiados y desplazamientos forzados, en la que compartió las principales riesgos que viven las personas desplazadas.

La sesión se desarrolló como un espacio de diálogo académico y de reflexión colectiva en torno al papel de los organismos internacionales, las políticas de protección y la responsabilidad compartida de los Estados frente a esta realidad. 

“Las cifras reflejan una realidad que rebasa fronteras y sistemas políticos. Hablar de desplazamiento forzado es hablar de vidas interrumpidas que requieren una respuesta coordinada”, expresó Peloche.

Magnitud del desplazamiento forzado

La doctora inició su intervención con datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que indican que más de 123 millones de personas en el mundo viven actualmente en condición de desplazamiento forzado. 

De esta cifra, más de 36 millones son refugiados internacionales, más de 73 millones son desplazados internos y casi 8 millones y medio son solicitantes de asilo.

Durante su exposición explicó que el desplazamiento puede tener distintas formas según el tipo de movimiento que realizan las personas.

El refugiado internacional cruza una frontera en busca de seguridad, mientras que el desplazado interno permanece dentro del territorio nacional. Ambos grupos enfrentan consecuencias directas sobre sus condiciones de vida y acceso a derechos.

La especialista también mencionó que existen otras categorías dentro del sistema de protección, como las personas apátridas o con necesidades de resguardo especial. Este grupo requiere atención diferenciada por parte de los organismos internacionales y de los Estados receptores.

“Una persona desplazada dentro de su país también vive un desarraigo forzoso y requiere mecanismos de protección. No se trata únicamente de un movimiento geográfico, sino de la pérdida de un entorno de vida”, señaló la doctora. 

Origen y distribución de la población desplazada

La ponente expuso que el 70% de las personas desplazadas provienen de 5 países: Sudán del Sur, Siria, Ucrania, Afganistán y Venezuela. 

En cada caso, el desplazamiento está vinculado a situaciones de conflicto armado, crisis políticas o inestabilidad económica que afectan la seguridad y las condiciones de vida de la población.

Explicó que en el caso de Siria, la guerra civil ha provocado millones de desplazamientos desde 2011; mientras que en Ucrania, el fenómeno aumentó de manera significativa a partir del año 2022. 

En Venezuela, los movimientos humanos derivan de un contexto de crisis interna que ha impulsado el éxodo regional más grande de América Latina en las últimas décadas.

“El desplazamiento forzado no responde a un único motivo. Los conflictos, las crisis económicas y las transformaciones ambientales actúan de forma simultánea y provocan que las comunidades busquen nuevas condiciones de vida”, indicó Peloche.

Además la doctora Peloche explicó que la mayoría de las personas desplazadas se establecen en países vecinos, muchos de ellos con recursos limitados. Esta realidad genera un reto para las naciones receptoras, que deben equilibrar sus capacidades internas con la atención humanitaria.

Desafíos institucionales y cooperación internacional

El panel también incluyó un análisis sobre los principales retos que enfrenta el sistema internacional de protección a los refugiados. Entre ellos se encuentran la limitación de recursos financieros, la duración prolongada del exilio y la falta de coordinación política entre los Estados.

“De los 197 países del mundo, sólo un grupo reducido asume compromisos constantes con la protección internacional. El resto debe incorporarse con mayor responsabilidad y cooperación”, afirmó.

Entre los países que han sostenido programas de recepción se encuentran Alemania, Estados Unidos y Canadá, aunque la magnitud del fenómeno requiere un esfuerzo más amplio.

La ponente también se refirió a las restricciones que enfrentan las personas solicitantes de asilo, particularmente por el cierre de rutas legales y el endurecimiento de políticas nacionales. 

Estas medidas, sumadas a los efectos de la pandemia, han limitado los mecanismos de movilidad y la capacidad de respuesta de los sistemas de asilo.

“Hablar de desplazamiento forzado es hablar de vidas interrumpidas que requieren una respuesta coordinada”.

Iniciativas globales y perspectivas futuras

En la parte final de su exposición, la doctora hizo referencia a los principales instrumentos de cooperación impulsados por las Naciones Unidas: el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

“Estos pactos buscan coordinar esfuerzos en materia de financiación, cooperación y creación de rutas legales. Sin embargo, los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que los avances aún son limitados y que se requiere mayor compromiso político de los Estados miembros”, mencionó Peloche.

En su cierre, Peloche invitó a reflexionar sobre el desplazamiento forzado como una consecuencia estructural de las desigualdades sociales, económicas y ambientales. 

Destacó que la comprensión integral del fenómeno requiere la participación de la academia, los gobiernos y la sociedad civil.

“Nadie decide por voluntad propia convertirse en refugiado. Es una consecuencia directa de la pérdida de seguridad y de las condiciones mínimas de vida. Reconocer esta realidad es el primer paso para construir una respuesta colectiva”, concluyó la doctora.

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