Alejandro Poiré | Opinión | Decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Por primera vez en la historia de México, este domingo 10 de abril tendremos una consulta para la revocación del mandato del presidente de la República.
A diferencia de otras consultas convocadas por el gobierno actual –como la de cancelación del Aeropuerto– esta cuenta con pleno respaldo constitucional y legal, es decir, no es un ejercicio informal o exclusivamente con un propósito de propaganda.
En caso de que vote un total de más de 37.3 millones de personas (el 40% de la lista de electores), su resultado será de cumplimiento obligatorio. Si ese porcentaje no se alcanza, la consulta no tendrá efecto formal, aunque sí tendrá un impacto político real.
La elección está siendo organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), que a pesar de que no recibió los recursos necesarios para operarla de manera idónea, ha dado muestra una vez más de ser una institución de excelencia, de la que todos podemos sentirnos orgullosos.
Quienes contarán los votos serán ciudadanas y ciudadanos elegidos al azar y capacitados por el INE, y habrá observadores ciudadanos, además de mecanismos de conteo y reporte similares a los que estamos acostumbrados.
Es decir, será una elección que, como todas las que organiza nuestra autoridad electoral, será confiable, transparente y legal.
Sin embargo, el entorno político que acompaña a la revocación es más complejo.
De parte del gobierno y su partido hay una campaña permanente de desprestigio del INE –hay que ser francos, esto no ha cesado desde 2006– que ha impedido que el ejercicio se realice de manera óptima, y que es el trasfondo en el que muchas personas se cuestionan sobre la decisión de participar o no.
Tres datos nos dan contexto para ello. Primero, en las elecciones intermedias de 2021 –siendo de muy alta participación– solo votó el 52% del padrón.
Segundo, en la consulta popular sobre los expresidentes de agosto pasado, solamente votó el 7% del electorado.
Tercero, alrededor del 57% de la población aprueba al presidente. Esto quiere decir que lo más probable es que gane la opción de no revocar el mandato, pero que la votación no alcanzará el 40%.
El 11 de abril amaneceremos con un periodo para el presidente idéntico al que tenemos hoy: hasta el 30 de septiembre de 2024.
Desde esa perspectiva, hay cuatro posibles acciones a tomar el 10 de abril: votar por revocar al presidente, votar por que no se revoque al presidente, ir a la urna y anular el voto, o simplemente no participar.
Si se apoya a AMLO, lo más razonable es ir a votar a su favor, es decir no a la revocación.
Para quienes no lo apoyan, la decisión es más interesante. Se puede votar a favor de revocar el mandato, pero hay que tener en mente que esto contribuye al propósito del presidente, que se beneficiaría de una votación elevada y un triunfo casi asegurado.
Se puede ir a la urna y anular el voto, pero el efecto real será de aumentar la participación, porque cada voto anulado suma al total de votos –es decir, a la cuenta del 40%.
Además, un voto anulado no suma a la cuenta de la mayoría absoluta necesaria para la revocación, por lo que si ya se va a emitir un voto y no se apoya al presidente, tendría más sentido promover la revocación que anular.
Finalmente, la opción más razonable para quien no apoya al presidente –en mi opinión– es la de simplemente no votar, teniendo en mente que han sido él y su gobierno quienes han impulsado la consulta y quienes querrán utilizarla como muestra de que siguen teniendo mayoría en un amplio segmento de la población.
A diferencia de las elecciones ordinarias, donde el resultado cuenta independientemente de cuántos votos haya, aquí votar –en cualquier sentido– es una muestra de respaldo a la consulta en sí misma.
Y esa votación no es garantía de defensa del INE, porque si la elección de 2018 muestra algo es que aún una votación elevada y favorable a MORENA no asegura que este partido respaldará a la autoridad electoral.
* Las opiniones expresadas en esta nota son a título estrictamente personal.