Expertos en derecho dialogan sobre el desafío que vive hoy en día el sistema de justicia debido a la contingencia sanitaria que enfrentamos
La emergencia sanitaria por COVID-19 presentó un desafío para el sistema de justicia, pues para no paralizarlo por completo se ha promovido el uso del #JuicioEnLínea y la implementación de plataformas útiles para que la ciudadanía pueda presentar demandas, escritos, entre otros recursos.
En un conversatorio organizado por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en la Región Ciudad de México, tres juristas mexicanos de la mano de expertos Tec abordaron este dilema.
El panel se llevó a cabo con Joel Gómez, egresado del Tecnológico de Monterrey, quien ha desarrollado su carrera profesional prácticamente en el ámbito de la tecnología, el derecho y la propiedad intelectual.
El magistrado Carlos Soto, quien se ha desarrollado en el ámbito de lo judicial y además de en trabajos académicos enfocados en la manera de hacer llegar la justicia prácticamente a la sociedad.
Además de Ana Magaloni, una de las más importantes juristas en México, no sólo en el ámbito académico, en el ámbito de investigación, sino también en el día a día, y como ella lo ha dicho en algunas de sus aportaciones, del escritorio al territorio.
El panel estuvo a cargo del profesor Oscar De Los Reyes, director regional del departamento de derecho en el Tec en la Ciudad de México.
“Está demás decir que es un tema de actualidad. De actualidad en la medida en la que la gran preocupación de esta transición de nuestro sistema judicial a un sistema judicial digital nos coloca frente a varios retos,
“Primero, el reto de asegurar la protección de datos personales; segundo, el tema de, no menor, la capacitación de los operadores jurídicos en el ámbito de la justicia digital; y lo que a mí me parece en cierto sentido más preocupante o doloroso, es la manera en la que pueden o no, tener acceso a la justicia el mayor número de mexicanos”, dijo Oscar De Los Reyes.
Garantía de acceso a la justicia digital
El magistrado Carlos Soto, explicó desde el ámbito penal, que efectivamente, la cuestión del derecho de acceso a la justicia por medio de la justicia en línea, tiene varias aristas que hay que tomar en consideración.
“En la materia penal, ¿qué sucede con las personas que están privadas de la libertad? En muchas ocasiones el acceso que tienen al sistema de impartición de justicia, el 90% de los casos lo hacen por medio de los abogados, cuando los abogados los van a ver cada determinado tiempo, etcétera. a aquellos internos que están todavía bajo proceso,
“En el caso de las personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada, el abogado ya no los va a ver de manera constante,
“No tienen acceso a la justicia por medio digital porque evidentemente no tienen acceso a las computadoras, y los escritos promoviendo amparos por actos que estiman violatorios dentro de la prisión, las autoridades penitenciarias cuando ven algún tipo de estas demandas, no las dejan pasar”, explicó.
Para el magistrado, el acceso a la justicia digital debe ir acompañado de una curva de aprendizaje sobre el uso de las plataformas, además de contar con equipos de cómputo que sean compatibles con los sistemas informáticos del gobierno.
“Son cuestiones que debemos de tener en consideración al momento de ir ampliando esta cuestión del acceso a la justicia y vamos a ver lo mismo con comunidades agrarias, que no hay computadoras en las comunidades o en los ejidos,
“Y si nos vamos del lado de las autoridades, hay autoridades municipales o delegacionales que no tienen ni siquiera computadoras todavía, hoy vemos informes justificados, cada vez menos, pero todavía hay informes rendidos a máquina de escribir.
“Entonces cómo podemos hablar de justicia en línea, si no es tan asequible a la justicia toda esta cuestión del acceso a los sistemas de internet”, aseguró.
Tecnología, uno de los factores más importantes
Por su parte, el egresado del Tecnológico de Monterrey, Joel Gómez, refirió que uno de los factores más importantes para que pueda haber justicia en línea, es la tecnología.
“Si no tenemos tecnología, no tenemos justicia en línea, y tener tecnología se debe de ver en diferentes aspectos, en diferentes vías.
“Primero que nada, es importante que el poder judicial cuente con los elementos tecnológicos, para poder brindar un servicio de juicio en línea amplio y, sobre todo, que sea apto, que esté funcional, sobre todo también en épocas como las que vivimos el día de hoy, que todo el mundo se fue al internet y las empresas que estaban mejor preparadas medio la libraron, y las empresas que no estaban preparadas no la liberaron tanto”, puntualizó.
Legislación adecuada para los juicios en línea
El experto explicó que no solo se trata de tener la tecnología, sino también de contar con una legislación y un marco normativo adecuados para que pueda existir un plano de ejecución de servicios de justicia en línea.
“Necesitamos un marco normativo y necesitamos tecnología, y para tener tecnología necesitamos dinero, tiene que haber presupuesto asignado al poder judicial en el segmento o en el ramo de tecnologías de la información,
“Si no se asignan esos presupuestos, difícilmente el cuerpo judicial va a poder tener o contar con la tecnología adecuada, necesaria y suficiente, para poner a disposición el sistema de justicia en línea” dijo.
Aspecto cultural, necesario para los juicios en línea
Sin embargo, señala, no solo se trata de un presupuesto, voluntad política, o marco legislativo para lograrlo, sino que es necesario un aspecto cultural de dos vías.
“Podemos tener todo lo necesario para poner a disposición del público una gran herramienta de justicia en línea, pero “¿Qué pasa si las personas no saben utilizar una firma electrónica avanzada? ¿Qué pasa si las personas no saben acceder al servicio de justicia en línea? ¿Qué va a pasar si los usuarios no conocen cómo usarlo?
“Todos los esfuerzos que se hicieron, tanto en lo económico, en lo material, en lo tecnológico, en lo jurídico, todos esos esfuerzos van a ser nulos.
“Cuando hablo de cultura también hablo de cultura por parte de las autoridades, porque insisto, esto es de dos vías; aquellas personas que se encuentran en posibilidad de ejercer labores jurisdiccionales, deben estar capacitados para utilizar estas plataformas”, señaló.
Acceso a la justicia de todos los mexicanos
Por su parte, la jurista, Ana Magaloni, enfatizó que la pandemia que enfrentamos de COVID-19 no ha facilitado la justicia, por el contrario, la ha hecho aún más difícil de acceder para toda la población.
“Yo no creo que el COVID haya hecho a la justicia más accesible, las historias que cuenta el magistrado Soto son claras, ahora es aún más difícil, si no tiene los recursos para acceder a un tribunal.
“Antes necesitábamos un abogado, ahora también necesitamos tener acceso a internet y a la tecnología”, dijo.
La también académica, refirió que en cuestiones de acceso a la justicia, a México le falta mucho para que ese acceso sea transversal.
“Seguramente la justicia digital va a solucionar un montón de cosas y podrá reducir costos y podrá agilizar tiempos, posiblemente. Pero que no se nos olvide que, todavía en México falta muchísimo para que ese acceso sea transversal y de eso se tratan las políticas de acceso a la justicia,
“Yo creo que no nos hemos dado cuenta de que la verdadera desigualdad es el acceso, quién puede hacer valer sus derechos y siente la protección de la ley y de los jueces, esa persona va a poder defender y prosperar de una manera muy distinta a quien no la tiene”, aseveró.
Para finalizar, la jurista compartió una reflexión con la audiencia.
“¿Cuánta gente puede defenderse frente al abuso o atropello de otro en sede jurisdiccional?, ¿cuánta gente puede decir: “la ley me protege; me protege igual que a un rico, no importa el dinero, no importa la clase social, no importan las preferencias sexuales, no importa la religión, no importa el color de la piel, la ley nos protege y nos obliga por igual”?
“Cuando logremos eso, este país va a ser un país próspero, horizontal, sin tanta conflictividad, y sin tanto dolor y sufrimiento en términos de la demanda de justicia”, concluyó.
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