Cynthia Valeriano | Opinión | Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Para este año de elecciones el presupuesto autorizado para el Instituto Nacional Electoral (INE) fue de poco más de 26,819 millones de pesos.
Esto representa un incremento de más del 30% del presupuesto autorizado para las elecciones intermedias del 2015 y 10.5% más que el presupuesto autorizado para la elección presidencial del 2018.
La explicación de este crecimiento presupuestal en el costo de las elecciones se debe a un crecimiento natural del padrón electoral.
En la última elección intermedia nuestro padrón electoral era de más de 87 millones de electores, para el 2021 será de aproximadamente 95 millones, es decir, se han incorporado al padrón electoral poco más de 8.4% de votantes en los últimos 6 años.
Al analizar la distribución del presupuesto del INE, desde el 2015 hasta la fecha, este ejerce entre 70 y 73 de cada 100 pesos autorizados para la organización de las elecciones, menos de 30 pesos de cada 100 se utilizan para ser distribuidos entre los distintos partidos políticos.
Lo que aproxima una gran cantidad de cuestionamientos sobre el uso de este inmenso presupuesto público en la organización de cada proceso electoral, mismo que siempre concluye con procesos jurídicos de impugnación y que desacreditan la tarea y el costo de cada elección.
¿En qué se gasta el dinero el INE?
Esto lo han preguntado muchos, principalmente aquellos que cuestionan la existencia de un organismo autónomo encargado de uno de los mecanismos de ejercicio democrático más importantes de una República.
De acuerdo con los datos presentados por el propio INE poco más del 66% de sus recursos son distribuidos entre las juntas distritales y locales, la capacitación de funcionarios de casilla, la la compra de insumos, papel seguridad, urnas, etc. y la actualización del Registro Federal de Electores.
Este año, el proceso electoral es inédito en muchos sentidos, en primer lugar éste año los ciudadanos elegiremos a poco más de 21 mil representantes populares en todo el país, algo nunca antes visto.
En segundo lugar, es inédito el uso de urnas electrónicas en Hidalgo y Coahuila que de probar su efectividad y seguridad podrían ser el inicio de un avance gradual al uso de herramientas tecnológicas.
El uso de estas tecnologías no solo disminuiría considerablemente los costos de las elecciones, sino que podría mejorar y acortar los tiempos de respuesta y entrega de resultados para dar certidumbre a los actores políticos y a la propia ciudadanía.
Finalmente también es un ejercicio inédito porque lamentablemente se llevará a cabo en medio de una serie de dudas y ataques al árbitro electoral desde la propia esfera gubernamental que debe dividir parte de sus esfuerzos en su propia defensa ya que si existe duda sobre la imparcialidad del organizador, ¿de que sirve cuanto más gastemos en nuestras elecciones?.
La responsabilidad ahora es nuestra. En promedio éste año se gastarán 282 pesos por votante en la organización de las elecciones y la propuesta de candidatos de cada partido político (por lo menos).
Así que, cuando no asistimos a ejercer aquello que más que nuestro derecho, es nuestra obligación política y social, contribuimos al desperdicio de los recursos públicos que bien podrían servir para otros fines.
Por el bien de México y por el propio, es importante hacer nuestro el ejercicio, que tenga sentido el costo de las elecciones y que se traduzca en una participación que sea, tan inédita como los tiempos que vivimos.
SEGURO QUIERES LEER TAMBIÉN: